Las facturas en los cajones

Pero, ¿qué pasa con el Tribunal de Cuentas, con la Intervención General del Estado? ¿Cómo es posible que se haya gastado en partidas para los que no había presupuesto o en gastos que no estaban presupuestados? ¿cómo se ha controlado la  discrecionalidad del reparto de subvenciones? ¿Cómo se ha verificado su destino? ¿Dónde están las auditorías de las Administraciones Públicas? ¿Cómo nos podemos tomar tan alegremente estas situaciones comentadas por la prensa pidiendo solo responsabilidades políticas?

Los procesos de realización de gastos en las administraciones públicas están sometidos a lo indicado en las leyes: fiscalización previa por parte de los interventores delegados de las autorizaciones de gasto, reservas de crédito presupuestario para atender el gasto autorizado, procedimientos de la Ley de Contratos del Estado para poder disponer del crédito retenido e intervención tanto del reconocimiento de la obligación una vez recibido el bien o el servicio como del pago material. De esta manera, todo gasto que no haya sido intervenido es ilegal y todo bien o servicio proporcionado a la administración pública sin los requisitos antes explicados es también ilegal.

¿Qué es lo que ocurre? Que la Administración Pública, regida por los políticos, hace dejación de sus obligaciones y actúa por libre, tratando a posteriori de vestir el santo y recomponer la situación. Y si el corsé le resulta estrecho, pues a crear  Fundaciones y Empresas Públicas o a utilizar a terceros mediante subvenciones o contrataciones amañadas. Saltándose muchas veces la ley ante la indolencia o la impotencia, cuando no la complicidad y la justificación de los que están alrededor.

Esta es la verdad de lo que ha pasado y lo sabemos todos, sobre todo en los gobiernos socialistas y nacionalistas, por qué ocultarlo. Todos sabemos que es así, aunque no nos atrevamos a decirlo, por si acaso…

Porque el déficit que viene generado porque los ingresos presupuestados no se hicieron realidad, que es lo que genera la deuda y, para enjugar dicho déficit se emiten los títulos de deuda, se puede achacar a que los que hicieron los presupuestos no  supieron prevenir esta circunstancia, lo que demuestra su incompetencia o malicia. Pero cuando viene generado por que se realizaron gastos no presupuestados, es decir, que se superan los importes presupuestados para cada partida de gasto, esto ya no tiene ninguna justificación. La Administración debe sujetarse al importe presupuestado y no superarlo, limitándose a las facultades que tienen de transferir crédito de unas partidas a otras conforme a lo regulado legalmente. Mas grave todavía es cuando se gasta en conceptos no presupuestados.

Estamos hablando de malversación de fondos, es decir, su aplicación a otros usos que para los que fueron dotados, por parte de quien los tiene a su cargo; estamos hablando de asignación y obtención fraudulenta de fondos públicos y estamos hablando de prevaricación en las contrataciones administrativas.

El problema de la Sanidad es doble, por un lado todos los años se ha presupuestado, a sabiendas, por debajo del gasto y las inversiones necesarias para mantener los servicios a los ciudadanos prometidos por los políticos; pero, además, los ingresos que se esperaban han disminuido a causa de la crisis. Así que estamos con que gastamos más de lo presupuestado e ingresamos menos de lo esperado. Lo que ocurre en Sanidad es que el concepto de “urgencia vital” puede soslayar el sometimiento rígido a la norma y este concepto es el que ha prevalecido en cuanto al control del gasto sanitario.

Pero lo que no tiene sentido es que muchos de estos gastos han ido a dirigidos a edificios suntuosos, despachos de magnates, coches de lujo, secretarias personales, asesores, periodistas, subvenciones, propaganda, etc. que poco o nada tienen que ver con la sanidad y mucho con el vicio del poder, la búsqueda del voto y el pago a los compañeros de partido.

Es hora de poner las cosas en su sitio; es hora de rescatar el Estado de Derecho; es hora de que políticos y funcionarios ejerzan realmente como servidores públicos, de que las leyes se implanten y se cumplan. Y de que los jueces y fiscales, en todos los ámbitos, obliguen a que se cumplan.