El derecho de los ciudadanos a la protección de la salud

El derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, contemplado en nuestra Constitución, obliga al Estado al empleo de los medios que garanticen este derecho.

En virtud de este derecho, el Estado debe realizar las acciones necesarias para que esa protección sea efectiva. Le obliga, por tanto, a regular la actividad de la sociedad en materia de salubridad, educación, higiene, alimentación, consumo, promoción de la salud y, finalmente, atención sanitaria. Y esta regulación debe afectar a todos los agentes productores, sean éstos públicos o privados.

Pero este derecho no exige que necesariamente las prestaciones sanitarias deban realizarse por la provisión estatalista pública de los bienes y servicios que la comprenden. Provisión que conlleva el aumento del poder de los políticos al intervenir en la actividad productiva. Y esta intervención normalmente conlleva la falta de atención a la regulación de la actividad económica al actuar el Estado como mono u oligopolista.

Lo que si se exige al Estado es la utilización de los fondos públicos recaudados de los ciudadanos a través de impuestos y otras medidas extractivas, de la manera más eficiente y eficaz posible, asegurándose los servicios a los ciudadanos de manera efectiva.

En materia de asistencia sanitaria esto lo hace el Estado cuando concierta con diversas aseguradoras privadas la prestación sanitaria de los funcionarios y del personal de los Ministerios de Defensa y Justicia. Lo que se viene en llamar “Modelo Muface”. Es tan eficiente que consigue un coste por persona asegurada mucho más barato que el que le cuesta esa misma atención cuando la presta directamente a través de hospitales públicos. Y es tan eficaz que el 80% de los funcionarios eligen la tarjeta de las aseguradoras públicas, cuando tienen que elegir si prefieren el servicio de éstas o el de la Tarjeta sanitaria pública. Creo que cumple con su misión perfectamente.

Pero, como todos saben, esto solo es privativo para las personas antes indicadas. El resto de los ciudadanos no tienen más remedio que aceptar la tarjeta sanitaria pública y conformarse con el hospital que le toque en función de su lugar de residencia.

De manera generalizada, la prestación sanitaria es desarrollada hoy en día fundamentalmente mediante la prestación directa, a través de los centros sanitarios públicos gestionados por los Servicios Regionales de Salud

dependientes de las 17 Consejerías de Sanidad respectivas. Estos a su vez se apoyan marginalmente en conciertos con centros sanitarios privados.

El régimen de funcionamiento de los centros públicos es equivalente al de cualquier administración pública. Son dependencias sin entidad jurídica propia, sin contabilidad financiera ni cuenta de resultados y sujetos a la elemental contabilidad presupuestaria pública. El personal de los centros es funcionario, con puestos de trabajo de por vida, y los gerentes tienen sus potestades muy limitadas. No pueden nombrar o cesar al personal, no pueden establecer incentivos, etc. Son más bien administradores que gerentes. Es básicamente imposible el reconocimiento efectivo de aquellas personas que trabajan más y mejor o que aportan más beneficios y ventajas al funcionamiento del centro.

Esta situación resulta agravada por la politización de la gestión de la sanidad. La dependencia de los centros sanitarios de las Consejerías ha provocado un relegamiento de los profesionales en la gestión de los mismos y que muchos cargos se nombren a políticos o personas afines al partido político en el poder.

La constatación de estas deficiencias en la gestión de los centros evidenció que la gestión mejoraría si se les proveyera de herramientas de gestión similares a los que cuenta una empresa. La prestación de bienes y servicios sanitarios es una actividad empresarial productora. Eso sí, sujeta a regulaciones especiales que garanticen la bondad de su práctica y respetando la independencia de los médicos a la hora de emitir sus juicios clínicos.

Esta experiencia se inició en la Comunidad Valenciana con la concesión del departamento de salud de La Ribera, en Alcira, y se fue perfeccionando en las sucesivas concesiones de Denia, Torrevieja y Elche,  pagando una cápita sensiblemente inferior al coste per cápita de los departamentos gestionados por centros públicos. Lo importante era el modelo de gestión.

Pero dotar a los hospitales y centros de las herramientas de gestión, y las responsabilidades y circunstancias competitivas que tiene la actividad empresarial, no significa tener necesariamente que privatizar la gestión y, menos todavía la propiedad de los centro públicos. Significa únicamente que el contexto de gestión no puede ser el mismo que el de una unidad administrativa compuesta por funcionarios y sujeta a contabilidad pública presupuestaria.

La sanidad es una actividad productiva generadora de empleo y riqueza. El gasto en salud tiene un efecto multiplicador en la actividad económica y, por tanto, el sector de la Salud, es un sector motor del desarrollo económico. El sector de la Salud es un gran generador del I+D+i y empleo de calidad.

Como el resto de actividades económicas, culturales, científicas y sociales, la Sanidad está condicionada por la capacidad económica y, en este caso particular, de la del Estado.

Por ello, ante tan importante bajada de capacidad económica y financiera como sufre el Estado español, la Administración Pública debe racionalizar el gasto público, de manera que los recortes necesarios, incidan lo menos posible a las actividades productivas, al empleo y a los servicios sociales y, entre estos, los más importantes, junto con los de educación: los servicios sanitarios. Porque es de suma importancia la salud de las personas que conforman nuestro país y porque la atención sanitaria, en su conjunto, es una actividad económica y social de suma importancia. El grado de salud de la población es consustancial con el desarrollo del mismo.

Por eso entendemos que, a la hora de disminuir el gasto del Estado, lo primero que hay que hacer es bajar drásticamente el gasto del funcionamiento de las administraciones públicas y órganos equivalentes como gobiernos, parlamentos, consejerías, ministerios, partidos, sindicatos, fundaciones públicas, etc. Es decir, el gasto no productivo. Si ha de caer el empleo, que sea el no productivo, pero no el empleo industrial, que es

el productivo, que es el generador de riqueza.

Pero si, a pesar de todo, hay que bajar también el gasto en Sanidad, de la industria de la salud, que es un gasto productivo, esto no debe hacerse de una manera simplista y lineal. Hay que trabajar con detalle e implantar políticas de ahorro, no solo medidas.

Lo más importante, al igual que lo indicado para el gasto público, es comenzar por priorizar el gasto sanitario de manera que, con el ahorro de los gastos superfluos o las prestaciones prescindibles, haya dinero para atender lo importante, lo vital, como son las enfermedades oncológicas, el cáncer, y otras enfermedades graves, con la mayor eficacia y calidad.

Es decir, minorar el gasto y el tiempo dedicado a actividades burocráticas en favor de la actividad clínica y priorizar el gasto en prevención y en patologías graves como el cáncer. Racionalizando el gasto, no racionándolo.

Por ello, es necesario que los procesos de reforma, no se queden simplemente en recortes, y se realicen con la participación de los profesionales sanitarios y de todos los agentes del sector de la salud, definiendo claramente a donde ir, mediante el diseño de un modelo y el establecimiento de una hoja de ruta, evitando decisiones simplistas.

Es necesario por tanto definir el modelo sanitario al que queremos ir en el que se garantice la excelencia de las prestaciones al menor coste y que genere innovación, garantizando la sostenibilidad económica y favoreciendo la mejora de la calidad de sus actividades.

En esta línea es en la que en la Fundación Bamberg, estamos trabajando: un modelo en el que el Estado actúe como financiador, en el aseguramiento sea universal y la provisión se realice en un marco de competitividad que induzca a la innovación y a la mejora de la calidad y en el que el profesional sea revalorizado y el paciente pueda elegir libremente en todo el Estado español con un marco de información y transparencia de la actividad sanitaria.

Y, una vez definido y asumido como el mejor objetivo, establecer una hoja de ruta que permita alcanzarlo en el menor tiempo posible.

Este es el reto.